Cristhian Zuluaga. Columnista invitado.

Desde 1986, el artículo 16 de la ley 30 advierte de los riesgos que existen ante la ingesta en exceso de licor.   Incluso los comerciales de bebidas embriagantes hicieron famosa la frase que dice “el exceso de alcohol es perjudicial para la salud”.

 Sin embargo, y quién lo creyera, decretar medidas que restrinjan la comercialización, venta y consumo de estas, resultan ser un atentado contra la salud, la cultura, el deporte, la educación, el empleo y la economía de las regiones. Además, un favorecimiento al contrabando y las mafias.

Solo para poner un ejemplo. La Industria Licorera de Caldas, una de las más importantes del país, transfirió entre 2017 y 2018 poco más de 52 mil 648 millones de pesos para inversiones en salud, educación, deporte y cultura. Incluso en el cuatrienio 2016 – 2019 las transferencias bordearon los 100 mil millones de pesos, según manifestó en diciembre pasado el gerente de esta empresa, Luis Roberto Rivas Montoya.

A simple vista se puede deducir que la implementación de la ley seca, que reduce la venta legal de licor, afecta fuertemente las arcas de las productoras y de los departamentos que reciben transferencias.

Sumado a esto un estudio que publicó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) dice que los departamentos dejan de percibir unos 431 mil millones de pesos por este concepto, los cuales son recursos necesarios para la atención en salud de las diferentes regiones, más aún en estas épocas de la pandemia por la COVID-19.

La Anif también habla que las afectaciones severas de estas medidas impactan en el empleo. Esta cadena productiva genera en el país “120.000 trabajos con remuneración, de los cuales 85.000 son asalariados y 35.000 son trabajadores por cuenta propia”, la ley seca en esta época de pandemia podría acabar con 33 mil de estos puestos laborales.

Ahora vuelvo a tomar el ejemplo de la Licorera de Caldas, que genera más de 200 empleos directos, estos sin contar con distribuidores y otros trabajadores de esa cadena productiva, lo cual llevaría la cifra a más de mil.

Manizales es una de las ciudades que ha implementado esta medida. Así rigió el pasado fin de semana que no tenía fechas importantes para celebrar e incluso durante el rigor del aislamiento obligatorio decretado por el presidente Iván Duque hasta finales de junio, en la capital caldense rige un decreto que restringe la venta de licor, solo permite la venta de un producto por persona y los establecimientos deben llevar un control de sus ventas.

Decreto además que la Alcaldía hizo oficial cuando la medida ya llevaba más de media hora en rigor. ¡Vergonzoso!  

Dicho decreto argumenta que las medidas se implementan “ante el creciente número de riñas y homicidios acaecidos en la ciudad como consecuencia del consumo de licor” durante estas épocas de cuarentena. Al revisar las cifras de homicidios encontramos que el año pasado al 1 de junio iban 13 asesinatos, mientras que en este van 17, cuatro casos más.

Sobre el argumento para la implementación de este decreto también valdría la pena revisar cuántas de las riñas, agresiones físicas y homicidios se originan en causas naturales del confinamiento al que estamos sometidos por la pandemia y no propiamente por la ingesta de licor.

También valdría la pena revisar allí cuáles son los trabajos en materia de educación y pedagogía para prevenir hechos lamentables en la ciudad.

Las decisiones de los líderes políticos siempre van a generar controversia y las críticas de sectores opositores no se hacen esperar, pero en este caso puntual al joven alcalde de Manizales Carlos Mario Marín Correa, las criticas también le llovieron desde ciudadanos del común, comerciantes y para completar funcionarios de la actual Gobernación, además de líderes del partido de La U, fuerza política poderosa que apoyó su elección.

El diputado Juan Sebastián Gómez, del partido de la U, en su cuenta de Twitter cuestiona que el burgo maestre haya decretado esta restricción el pasado fin de semana y argumenta que así le va a quedar muy difícil en materia económica a la Licorera y la Gobernación de Caldas. Este trino lo contestó la Directora Territorial de Salud de este departamento quién dijo “Duro para la Dirección Territorial de Salud de Caldas, de allí llegan recursos para la Salud”.

La seguidilla de críticas al alcalde Marín también la siguió el médico y abogado, José Norman Salazar González, presidente de la Academia de Médicos de Caldas quien trinó “el dictador… en acción” refiriéndose a la medida de la Ley Seca.

Estas medidas restrictivas de Manizales dejan ver un claro distanciamiento entre el alcalde de este municipio y el Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, quien en los últimos meses ha venido trabajando por garantizar los recursos económicos del sector salud, incluso el mandatario departamental emprendió acciones legales contra las EPS, las cuales le adeudan 185 mil millones de pesos a la red pública del departamento, la misma que recibe dineros de la ILC.

Los argumentos del impacto negativo de una ley seca o de restricciones en las ventas de licor también hablan del favorecimiento al contrabando y la venta de bebidas adulteradas.

La Anif en su estudio habla que el mercado negro ocupa entre el 11% y el 29%, peor que con la restricción en épocas de pandemia, la cifra se elevaría al 40% o más.

De hecho este fin de semana en las redes sociales pude ver una serie de avisos publicitarios sobre venta de licor “bajo cuerda”, hasta encontré el de un negocio que está ubicado en inmediaciones del barrio San Jorge de Manizales, dónde hace unos meses, un amigo compró, a domicilio, una botella de ron que resultó ser adulterada, pues sabía a café y no pasó los exámenes de laboratorio de la Licorera Caldense.  Situación ésta que en su momento, tuvo conocimiento la ILC, la Unidad de Rentas del departamento y la Fiscalía en Caldas.

La ley seca de Manizales dejó una afectación adicional. Como fue publicada cuando la medida ya estaba rigiendo, algunos comerciantes se asociaron para hacer eventos musicales a través de las redes sociales, con el fin de comercializar licor, comida y pasa bocas  en combos y así hacerle frente a la difícil situación a la que nos tiene sometidos el coronavirus, pero este negocio no pudo hacerse porque cuando ya llegaba la noche del viernes se dieron cuenta que ya estaba rigiendo una medida que la ciudad no conocía.   

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