En una comunicación enviada por los líderes de derechos humanos del penal ubicado en el municipio de La Dorada, en el oriente de Caldas, reseñan que tras prácticamente 7 meses ya se debe analizar la posibilidad de permitir las visitas de familiares y abogados.
Suman además una serie de reclamos sobre situaciones del penal por ejemplo la baja calidad en la alimentación, la atención en salud pero ante todo que no se toma con rigurosidad por parte de la guardia del penal el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
«Nos sumaremos desde el lunes a la operación tortuga para reclamar nuestros derechos», expresaron los internos.
